Según Victoria Sanford (“Guatemala: del genocidio al feminicidio”), “El feminicidio es un término político. Conceptualmente abarca más que el feminicidio, porque no solamente culpa a los perpetradores masculinos, sino también al Estado y las estructuras judiciales que normalizan la misoginia. La impunidad, el silencio y la indiferencia son parte del feminicidio(…). El feminicidio nos remite a las estructuras del poder e implica al Estado como culpable, sea por acción, tolerancia u omisión. En Guatemala, el feminicidio es un crimen que existe por la ausencia de las garantías que protegen los derechos de las mujeres”. Además, el genocidio va ligado al feminicidio cuando, por ejemplo, “En junio de 1982, solamente tres meses después del comienzo de la dictadura de Efraín Ríos Montt, las mujeres ya constituían el 42% de las víctimas de las masacres. A mediados de 1982, el número de homicidios de mujeres y niñas subió tan marcadamente que hasta el porcentaje de víctimas masculinas bajó”. “La estrategia pasó de masacres selectivas de hombres a masacres masivas de hombres, mujeres y niños.”
Pero lo más tremendo es que, mientras Eduardo Meyer es señalado por la responsabilidad que tuvo a causa de los famosos 82.8 millones que se robó en el Congreso (sin que Meyer tenga, como otros diputados, cuentas bancarias que demuestren que robó), a Efraín Ríos Montt ningún juez lo persigue por genocida, a pesar de que la CEH haya comprobado su culpabilidad. ¿Qué es peor, ser responsable por un robo que Meyer denunció, o los crímenes de lesa humanidad del general, quien ordenó masacrar a cientos de pueblos indígenas, víctimas, además, de las torturas más crueles que registra nuestra historia? No solo no se atiende la orden del juez Pedraz, de España, sino que a Eduardo Cojulún, juez Undécimo, que recopiló testimonios de sobrevivientes del genocidio en Guatemala, se le amenaza de muerte. Esta noticia no ocupa las primeras planas de los periódicos, como sí se le da espacio especial a Ríos Montt, quien aparece en primera plana de elPeriódico, el día 14/8/08, firmando nada más y nada menos que el Libro de Vida, una especie de acción preventiva contra una potencial ley que favorezca el aborto, olvidando que, bajo su dictadura, cientos de mujeres embarazadas fueron asesinadas abriéndoles los vientres y estrellando contra piedras y árboles a sus hijos.
Que los medios de comunicación den más importancia a Meyer, por su responsabilidad en el robo de los millones en el Congreso y olviden a los genocidas, es de parar el pelo. ¿Por qué hacer piñata de Meyer y no de Ríos Montt y otros criminales de lesa humanidad? ¿Es que no se dan cuenta de que con esta foto en primera plana de elPeriódico, Ríos Montt es rescatado de sus crímenes, confirmándose así que las estructuras patriarcales y dictatoriales, así como la impunidad, siguen dominando al Estado guatemalteco?
A propósito, cito a Sandford: “El genocidio es una atrocidad vinculada al género, porque está motivado por la intención de eliminar a un grupo cultural. Es decir, la destrucción de las bases materiales de la comunidad más su capacidad de reproducirse. En este sentido, las mujeres son los blancos principales del genocidio(…)”. En el 2005, continúa Sandford, “la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al gobierno guatemalteco por la matanza de 268 personas mayas achí, en la aldea Plan de Sánchez, en las montañas alrededor de Rabinal, Baja Verapaz(…) Poco más de dos años después, una Corte española emitió una orden internacional de captura para varios generales y oficiales del ejército. Los cargos incluían genocidio, terrorismo, tortura, asesinato y detención ilegal…” Los acusados: Ríos Montt, Mejía Víctores, Romeo Lucas García, Ángel Aníbal Guevara, Álvarez Ruiz, Chupina, García Arredondo y Benedicto Lucas García. Muy poco se recuerdan estos crímenes que son, sin duda, el origen de la violencia imparable en Guatemala, en donde se hace perpetua la impunidad. En la actualidad, ya casi nadie sabe sobre documentos como el Remhi y el informe de la CEH
Pero lo más tremendo es que, mientras Eduardo Meyer es señalado por la responsabilidad que tuvo a causa de los famosos 82.8 millones que se robó en el Congreso (sin que Meyer tenga, como otros diputados, cuentas bancarias que demuestren que robó), a Efraín Ríos Montt ningún juez lo persigue por genocida, a pesar de que la CEH haya comprobado su culpabilidad. ¿Qué es peor, ser responsable por un robo que Meyer denunció, o los crímenes de lesa humanidad del general, quien ordenó masacrar a cientos de pueblos indígenas, víctimas, además, de las torturas más crueles que registra nuestra historia? No solo no se atiende la orden del juez Pedraz, de España, sino que a Eduardo Cojulún, juez Undécimo, que recopiló testimonios de sobrevivientes del genocidio en Guatemala, se le amenaza de muerte. Esta noticia no ocupa las primeras planas de los periódicos, como sí se le da espacio especial a Ríos Montt, quien aparece en primera plana de elPeriódico, el día 14/8/08, firmando nada más y nada menos que el Libro de Vida, una especie de acción preventiva contra una potencial ley que favorezca el aborto, olvidando que, bajo su dictadura, cientos de mujeres embarazadas fueron asesinadas abriéndoles los vientres y estrellando contra piedras y árboles a sus hijos.
Que los medios de comunicación den más importancia a Meyer, por su responsabilidad en el robo de los millones en el Congreso y olviden a los genocidas, es de parar el pelo. ¿Por qué hacer piñata de Meyer y no de Ríos Montt y otros criminales de lesa humanidad? ¿Es que no se dan cuenta de que con esta foto en primera plana de elPeriódico, Ríos Montt es rescatado de sus crímenes, confirmándose así que las estructuras patriarcales y dictatoriales, así como la impunidad, siguen dominando al Estado guatemalteco?
A propósito, cito a Sandford: “El genocidio es una atrocidad vinculada al género, porque está motivado por la intención de eliminar a un grupo cultural. Es decir, la destrucción de las bases materiales de la comunidad más su capacidad de reproducirse. En este sentido, las mujeres son los blancos principales del genocidio(…)”. En el 2005, continúa Sandford, “la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al gobierno guatemalteco por la matanza de 268 personas mayas achí, en la aldea Plan de Sánchez, en las montañas alrededor de Rabinal, Baja Verapaz(…) Poco más de dos años después, una Corte española emitió una orden internacional de captura para varios generales y oficiales del ejército. Los cargos incluían genocidio, terrorismo, tortura, asesinato y detención ilegal…” Los acusados: Ríos Montt, Mejía Víctores, Romeo Lucas García, Ángel Aníbal Guevara, Álvarez Ruiz, Chupina, García Arredondo y Benedicto Lucas García. Muy poco se recuerdan estos crímenes que son, sin duda, el origen de la violencia imparable en Guatemala, en donde se hace perpetua la impunidad. En la actualidad, ya casi nadie sabe sobre documentos como el Remhi y el informe de la CEH
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